Autodeterminación y soberanía para Nicaragua

El exilio de cientos de miles de nicaragüenses, la persecución de quienes piensan distinto y la consolidación de un poder familiar y autoritario no representan los principios de una izquierda democrática. Defender hoy la soberanía de Nicaragua significa defender el derecho de su pueblo a expresarse, organizarse y decidir libremente su futuro.

Nicaragua derrotó en 1979 a la dictadura dinástica de los Somoza, una de las más prolongadas y crueles de América Latina. La insurrección popular, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), reunió a una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales en torno a un horizonte común: construir un país fundado en la democracia, la libertad, la justicia social y la soberanía nacional. La Revolución Sandinista se convirtió entonces en una referencia para quienes defendían el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y sostenían que la justicia social era inseparable de la libertad.

La década de 1980 estuvo marcada por una guerra que dejó decenas de miles de víctimas y profundizó la polarización política en el contexto de la Guerra Fría. En 1990, en medio de un profundo deterioro económico y social, el FSLN perdió las elecciones. El gobierno reconoció el resultado y entregó el poder. Nicaragua inició entonces una nueva etapa política que, con enormes limitaciones, abrió espacios para el pluralismo, la competencia electoral y la alternancia en el poder.

Pero la historia posterior del FSLN se fue alejando progresivamente de los principios que inspiraron la Revolución Sandinista. A través de acuerdos entre élites políticas corruptas, reformas electorales y una progresiva subordinación de las instituciones del Estado al control partidario, se fueron debilitando los contrapesos democráticos. Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007 y, rápidamente, las instituciones electorales, judiciales y políticas fueron perdiendo su independencia, mientras las condiciones para una competencia política libre y plural se reducían.

En abril de 2018, las protestas iniciadas alrededor de una reforma al sistema de seguridad social rápidamente se transformaron en una movilización nacional. Estudiantes, campesinos, trabajadores, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y ciudadanos de distintas procedencias políticas salieron a las calles. La respuesta gubernamental dejó 355 personas asesinadas, miles de heridos y abrió un nuevo ciclo de persecución política, encarcelamiento y exilio.

Desde entonces, la represión ha transformado profundamente la vida cotidiana de Nicaragua. Más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas; universidades y medios de comunicación han sido clausurados o confiscados; movimientos feministas, campesinos y sociales han sido perseguidos; comunidades indígenas y afrodescendientes continúan expuestas a graves violaciones de sus derechos; y partidos políticos han sido eliminados.

La persecución alcanza al pueblo en su totalidad, a estudiantes, periodistas, artistas, sacerdotes y líderes religiosos, defensores de derechos humanos, empresarios, dirigentes políticos y sociales, así como a ciudadanos sin militancia política. Más de 450 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y de sus derechos ciudadanos, mientras otros miles enfrentan restricciones de facto dentro y fuera del país.

El estado policial también se expresa en acciones cotidianas como son las restricciones para reunirse y manifestarse en espacios públicos, la vigilancia de actividades religiosas y comunitarias, el cierre de los medios de comunicación, el temor a expresar opiniones políticas y la imposibilidad de alrededor de un millón de personas exiliadas de regresar a su país y reencontrarse con sus familias.

La persecución, además, ha trascendido las fronteras nacionales. Nicaragüenses en el exilio han sido asesinados, mientras muchos otros han denunciado actos de vigilancia, amenazas y otras formas de violencia transnacional.

Las últimas reformas constitucionales han profundizado la concentración del poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo han institucionalizado una copresidencia con amplias facultades sobre el Estado, mientras sus hijos y otros integrantes de la familia ocupan posiciones crecientes de poder e influencia. La reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre prohíbe la participación política de sectores de la oposición y pone fin formalmente a la competencia electoral.

Frente a esta realidad es necesario recuperar el sentido pleno de la soberanía. La soberanía no puede reducirse a la soberanía del Estado frente al exterior. También implica la soberanía de la ciudadanía frente al poder. Un Estado no es plenamente soberano cuando su pueblo no puede expresarse, organizarse, elegir, disentir y participar libremente en la construcción de su destino.

Defender los derechos humanos y la democracia en Nicaragua no significa habilitar injerencias militares, económicas o políticas de potencias extranjeras. La autodeterminación pertenece al pueblo nicaragüense. Democracia, soberanía y derechos humanos son inseparables. Recuperar la autodeterminación significa recuperar tanto las libertades públicas, como las elecciones libres y la capacidad de la sociedad nicaragüense para organizarse, expresarse, disentir, participar y construir colectivamente su futuro.

Las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina y del mundo tienen una responsabilidad particular frente a esta realidad. Las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista no pueden utilizarse para justificar aquello contra lo que generaciones de nicaragüenses lucharon: la concentración del poder en una familia, la subordinación de las instituciones y la persecución política.

La solidaridad con una revolución nunca puede convertirse en lealtad incondicional hacia quienes alguna vez participaron de ella. La solidaridad debe permanecer con los principios y, sobre todo, con los pueblos.

Por ello, quienes suscribimos esta declaración llamamos a partidos y liderazgos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, intelectuales y gobiernos a rechazar el régimen dictatorial y dinástico de Ortega y Murillo; a exigir la liberación de todas las personas presas por razones políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos ciudadanos, y la creación de las condiciones necesarias para que las y los nicaragüenses puedan organizarse, expresarse y decidir libremente su futuro.

No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro.

Que Nicaragua pueda volver a decidir desde abajo, desde sus comunidades y también a través de instituciones democráticas que respondan a la voluntad popular; desde sus diferencias, desde las voces de quienes permanecen en el país y de quienes han tenido que partir.

30 de septiembre de 2026